Diálogo técnico regional sobre responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de hechos de corrupción. Buenos Aires, Argentina
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la República Argentina realizaron el 7 y 8 de mayo el “Diálogo Técnico Regional sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas por la Comisión de Hechos de Corrupción”.
La actividad se desarrolló en el salón auditorio de la Procuración General de la Nación y tuvo como objetivo mejorar la capacidad de las autoridades nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Uruguay en la investigación a personas jurídicas por la comisión de hechos punibles de corrupción.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del procurador general de la Nación interino y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Eduardo Casal; el embajador de los Estados Unidos de América en la Argentina, H.E. Marc Stanley; el coordinador regional del Hub Anticorrupción para Sudamérica y México, Felipe Falconi; la coordinadora regional de UNODC, Lucía Gómez Consoli; y el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez.
La experta internacional y catedrática de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia International España, Silvina Bacigalupo, realizó una exposición magistral acerca de los criterios de imputación de las personas jurídicas.
Paraguay fue representado por el asesor de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de Paraguay, Manuel Guanes Nicoli quien expuso acerca de la experiencia paraguaya sobre la Política de Integridad y Compliance de la prevención de la corrupción y el lavado de dinero en el marco de las contrataciones públicas.
El evento además contó con la presencia de especialistas internacionales del áerea tales como:
El fiscal nacional de investigaciones administrativas y titular de la PIA, Sergio Rodríguez.
El fiscal general y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco,.
El fiscal titular de la Fiscalía Federal Nro. 2 de San Isidro, Fernando Domínguez.
El superintendente delegado de Asuntos Económicos y Societarios de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, Jorge Cabrera Jaramillo.
El presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, Raúl Saccani.
La abogada de la Procuraduría Nacional de la Unión de Brasil, Rachel Zolet, y del agente fiscal penal del Ministerio Público de Brasil, Leonardo Cardoso.
El coordinador de programas de Anticorrupción en Acción Colectiva en UN Global Compact, Fabián Espejo.
El asesor senior Anticorrupción y Crimen Organizado de la UNODC, Jorge Adriano Moreno.
El fiscal de alta complejidad, Jaime Retamal Herrera, y la asesora de la Unidad Anticorrupción (UNAC) del Ministerio Público de Chile, Constanza Witker.
La conclusión de la jornada estuvo a cargo de la experta Silvina Bacigalupo quien reflexionó sobre los desafíos integrales que demanda la prevención y penalización de la corrupción. Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacó que es importante dilucidar que el delito punible es el de cohecho o de tráfico de influencias y que para ello se debe aplicar el principio de oportunidad. Señaló asimismo que «la solución no pasa por el Código Penal, sino por la prevención, ya que el escenario preventivo de la corrupción es mucho más amplio». Al respecto, acercó nuevas lecturas críticas sobre los delitos de corrupción, el rol de los actores que intervienen, las nuevas amenazas regionales en torno a la corrupción -a la que determinó como “corrupción geopolitica”- y la incumbencia indebida de algunos Estados. Finalmente, mencionó la importancia del trabajo legislativo, el rol de las asociaciones civiles y la necesidad de trabajar en programas robustos y adecuados que disminuyan las acciones de corrupción.